Los Servicios Sociales entraron en nuestra vida hace dos años. Hasta entonces yo no sabía ni qué hacían ni a qué se dedicaban. Durante estos dos años hemos pasado por muchas fases. Desde la primera de terror, que es cuando recibes su llamada; la segunda, de esperanza, cuando crees que efectivamente podrán hacer algo con vuestro caso; la tercera, de desesperación, cuando ves que no van a hacer nada; y la última de alienación, que es en la que nos encontramos ahora cuando ya nos hemos institucionalizado y vamos los días que marcan a pesar de saber que no servirá de nada, pero vamos.

Hoy voy a contar algunas fallas que he visto durante este tiempo y que creo que deben cambiarse para un mejor servicio y atención a los menores.

 

Juzgados y Servicios Sociales: mundos independientes

Cuando te llaman de los Servicios Sociales y te dicen que tu hija está en peligro contigo, además del mal cuerpo que se te pone, te preguntas: ¿cómo es posible que hayan llegado a esta conclusión con el historial judicial que tenemos? Fácil: no tienen acceso a ninguna bbdd relacionada con tu proceso judicial. ¿Cómo afectó esto en nuestro caso? Creyeron la versión de la madre y abrieron una investigación sin saber si lo que decía era cierto o no, si se ajustaba a la realidad o no…

De hecho, fue mi pareja quien llevó todos los autos, sentencias, informes forenses, etc. y demostró que la información que la madre había proporcionado no se ajustaba a la realidad.

Si los Servicios Sociales son una casilla de paso casi obligatorio en procesos de divorcios tan virulentos como el que nosotros estamos viviendo, sería imprescindible que las personas que ahí trabajan tuvieran acceso a esos historiales, pudieran solicitarlos y pudieran estudiarlos antes de hacerte la llamada de la muerte.

 

Servicios públicos transferidos

Hace poco descubrí que el centro de atención a la infancia al que nosotros vamos no es un servicio público, sino un servicio público transferido. Es decir, pertenece al Ayuntamiento, pero se gestiona de modo privado. Esto ocurre con el 70% de los centros.

Esto implica que no haya unas directrices comunes para todos los centros, que las contrataciones y control de personal no sean homogeneizadas y que se obtengan recursos en función de los casos que se gestionan.

¿Conclusión? Estamos ante un servicio que no ofrece la mismas oportunidades, protocolos, etc. a todos los afectados. Y, sobre todo, que obtienen recursos económicos en función del volumen de “afectados”.

 

Falta de medios

La falta de medios es otro de los aspectos que he observado. En nuestro caso, he de decir, que la atención cada vez es más seguida, pero no ofrecen soluciones. Con nosotros están haciendo una labor de coordinador parental, pero sin consecuencias judiciales para quien incumpla el proceso de coordinación, por lo que nos resulta tremendamente complicado avanzar.

Están intentando mediar, dar pautas de coordinación, etc. Una labor completamente estéril. Ante esta situación, solicitas que te deriven a un recurso que esté especializado en casos más conflictivos, te encuentras con que no pueden. No hay medios. No hay “otros recursos”. Hemos tocado techo en el primer escalón.

 

No se mojan

Nuestra experiencia es que los Servicios Sociales no se mojan y se niegan a tomar partido por alguna de las partes. Bien es cierto que esto tiene su lógica porque, si están haciendo una labor de mediación, ninguna de las partes puede percibir que son favorables o no a ella. El problema viene en que, al no tomar partido, no toman decisiones. Por lo tanto estamos permanentemente en una situación de equilibrio ficticia en la que no se avanza y, por tanto, no se ayuda a la menor.

A veces me pregunto si, de estar el origen del conflicto en el padre la situación sería la misma, pero prefiero no pensar en esa posibilidad.

 

Procesos interminables y frustración por parte de todos

Todo esto hace que el proceso se eternice, que no veas resultados, que no veas luz al final del túnel. Esto impacta directamente en el menor, que entra mal, pero sale peor porque el origen de sus problemas, que suele ser el conflicto de los padres, no se reduce. Y, por tanto, cada vez está peor, por lo que cada vez se buscan más fórmulas para reducir el conflicto, que no se reduce por lo arriba expuesto.

¿Conclusión? Te sientes como un hámster dando vueltas en la rueda.

 

Creo que cualquier servicio de coordinación parental es positivo para afrontar los divorcios de alta conflictividad, pero actualmente no se dan las condiciones necesarias para que sea una fórmula efectiva.

 

En mi opinión, son imprescindibles dos cosas:

Que los Servicios Sociales tengan acceso al historial judicial de los procesos de divorcio (o lo exijan a la parte que se persone) y tengan toda la información antes de abrir un caso, y no la información de una de las partes.

Que hagan una labor de mediación crítica, es decir, que su perfil sea, en ese sentido, más cercano al del coordinador de co-parentalidad, pudiendo informar al juzgado de incumplimientos y evoluciones del proceso, así como haciendo un seguimiento más “real” del conflicto.

 

Bueno, pues esta es mi opinión y los temas que he detectado que creo que pueden mejorarse. Mientras tanto, seguiremos yendo religiosamente y seguiremos saliendo con esa sensación de pérdida de tiempo mientras el conflicto se recrudece, los jugadores vamos depurando nuestras estrategias y el menor evoluciona desfavorablemente.